El respaldo del ICAB al editorial conjunto llega a los tribunales
GERMÁN GONZÁLEZ – EL MUNDO - 11/04/2010
13 de abril de 2010
Un tribunal podría cuestionar La dignitat de Catalunya, el editorial conjunto de 12 de diarios catalanes publicado en noviembre pasado, al que se sumaron varios colectivos de la sociedad civil catalana. Una de estas adhesiones, la del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) fue rechazada por un grupo de 200 juristas que emitieron un manifiesto donde exigían la retirada del apoyo.
El colectivo de abogados, que ahora cuenta ya con casi 300 apoyos consideraba en su escrito Por la dignidad de la abogacía que el editorial conjunto constituía «una intolerable presión al Tribunal Constitucional (TC) en sus deliberaciones de la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad del Estatut del 2006», y destacan que es «inadmisible» que el colegio de abogados más importante de Cataluña, «y el segundo de España», avale con su adhesión «el ataque contra la independencia de este órgano judicial».
Pero los letrados contrarios a la decisión del ICAB no se quedaron sólo en la difusión del manifiesto, sino que presentaron varios recursos ante los tribunales contenciosos administrativos en los que reclaman la nulidad de los acuerdos de la Junta del Colegio. De momento tres juzgados, los números 7,15 y 17 de Barcelona, han admitido a trámite estas demandas, dos promovidas a título individual y otra por un grupo de profesionales, que destacan que el apoyo del ICAB es «contrario a derecho».
En este sentido, los abogados contrarios a la adhesión explicaron a este diario que es la primera vez que un decano del Colegio y su Junta «presiona a un tribunal», en este caso el Constitucional, «en plena deliberación para que dicte una sentencia en un sentido determinado». Los letrados también lamentan que el ICAB se haya puesto «al servicio del poder político, rompiendo la trayectoria de independencia de la que ha venido gozando, incluso en la época franquista», destacan que se han vulnerado «los derechos constitucionales de libertad ideológica y de asociación» de los abogados, y se han infringido las competencias del Colegio «que se ciñen a cuestiones estrictamente profesionales y no políticas o de otra índole».
El apoyo del Colegio de Abogados al editorial conjunto llega a los tribunales
Tres juzgados tramitan el rechazo de 300 juristas a la adhesión de la institución a este artículo Creen que se ha querido presionar al TC
El recurso recuerda que el editorial conjunto «es la proclamación de una determinada orientación ideológica sobre la cuestión política que plantea el reparto territorial» de España y cómo afecta a la deliberación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aprobación del nuevo Estatut.
Entre los motivos para pedir la nulidad destaca la falta de competencia de un colegio profesional para sumarse a una orientación política, en vez de a temas relacionados con el ejercicio de la abogacía, y que su intención «reprobable» sea la de influir en la futura sentencia del Constitucional ya que se vierten sobre sus miembros «reiteradas insinuaciones de falta de imparcialidad o incompetencia». En este sentido, los letrados recuerdan que los Estatutos del ICAB exigen respeto, prudencia y lealtad en su relación con jueces y tribunales.
En su manifiesto Por la dignidad de la abogacía, los abogados contrarios cargaban duramente contra el Colegio, al que calificaban de ser «otro mensajero de la amenaza a la justicia constitucional». Según explicaron, desde el punto de vista jurídico, el editorial es «infame», y por eso se posicionaron contra el apoyo del Colegio a su contenido, ya que «comete una presión sobre el Constitucional intolerable». Para estos letrados, la adhesión del ICAB es más censurable porque es «garante de los principios jurídicos».
Los firmantes consideraban que la Junta del ICAB no debía «adherirse ciegamente a manifiestos manipuladores lanzados desde algunas instancias en su afán de zafarse del control constitucional», y recordaban que el Decano no fue elegido para hacer manifestaciones políticas que «comprometen» el prestigio de la institución. Además de abogados catalanes, también se sumaron al manifiesto catedráticos en Derecho y letrados de otros colegios españoles.
La entidad defiende la coherencia de su decisión
G.G.
El Colegio de Abogados mantiene la validez de su acuerdo de Junta de finales de noviembre que apoyaba el editorial conjunto de los diarios catalanes. Fuentes del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) explicaron a este diario que una vez se tenga el contenido de los recursos presentados contra la adhesión a la editorial conjunta, se pedirá un informe a la asesoría jurídica de la institución para saber cómo actuar frente a esta demanda.
Pese a que todavía no existe una estrategia judicial contra los contenciosos administrativos, el ICAB defiende la validez del acuerdo de la Junta, que es «una postura coherente» con la que se ha venido manteniendo desde el apoyo al editorial, según apuntaron fuentes de esta institución.
La entidad defiende la coherencia de su decisión
Además, se recuerda que dentro de la propia Junta del Colegio de Abogados no hubo muchas opiniones en contra de la resolución, aunque una de las diputadas, Carmen de Rivera, expresó en un voto particular su rechazo a esta adhesión. Fuentes del Colegio de Abogados barcelonés también recuerdan el carácter plural de la institución e insistieron en que se plantearon el apoyo desde una posición «jurídica, no política», porque consideran que la sentencia está tardando mucho en salir.
En este sentido, desde el Colegio de Abogados de Barcelona se destaca que el Tribunal Constitucional no puede ir «en contra de su propia doctrina» ya que en algunas de sus resoluciones se insta a otros órganos judiciales a que no dilaten los procesos que tienen abiertos y se produzcan las denominadas «dilaciones indebidas». Este retraso puede comportar un atenuante en la pena impuesta a muchos condenados.
Por eso, también recuerdan que de momento los recursos anticonstitucionales en contra del Estatut se presentaron hace unos tres años y medio. El ICAB quiso destacar que todo el tiempo de retraso en tomar una decisión genera «una inseguridad jurídica», y la sentencia del Estatut no se queda al margen de esta situación.
El Colegio de Abogados, que cuenta con unos 20.000 colegiados, también recordó que en ningún momento pretende influir en que la sentencia sobre el Estatut se dicte en un sentido u otro.
GERMÁN GONZÁLEZ – EL MUNDO - 11/04/2010
13 de abril de 2010
Un tribunal podría cuestionar La dignitat de Catalunya, el editorial conjunto de 12 de diarios catalanes publicado en noviembre pasado, al que se sumaron varios colectivos de la sociedad civil catalana. Una de estas adhesiones, la del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) fue rechazada por un grupo de 200 juristas que emitieron un manifiesto donde exigían la retirada del apoyo.
El colectivo de abogados, que ahora cuenta ya con casi 300 apoyos consideraba en su escrito Por la dignidad de la abogacía que el editorial conjunto constituía «una intolerable presión al Tribunal Constitucional (TC) en sus deliberaciones de la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad del Estatut del 2006», y destacan que es «inadmisible» que el colegio de abogados más importante de Cataluña, «y el segundo de España», avale con su adhesión «el ataque contra la independencia de este órgano judicial».
Pero los letrados contrarios a la decisión del ICAB no se quedaron sólo en la difusión del manifiesto, sino que presentaron varios recursos ante los tribunales contenciosos administrativos en los que reclaman la nulidad de los acuerdos de la Junta del Colegio. De momento tres juzgados, los números 7,15 y 17 de Barcelona, han admitido a trámite estas demandas, dos promovidas a título individual y otra por un grupo de profesionales, que destacan que el apoyo del ICAB es «contrario a derecho».
En este sentido, los abogados contrarios a la adhesión explicaron a este diario que es la primera vez que un decano del Colegio y su Junta «presiona a un tribunal», en este caso el Constitucional, «en plena deliberación para que dicte una sentencia en un sentido determinado». Los letrados también lamentan que el ICAB se haya puesto «al servicio del poder político, rompiendo la trayectoria de independencia de la que ha venido gozando, incluso en la época franquista», destacan que se han vulnerado «los derechos constitucionales de libertad ideológica y de asociación» de los abogados, y se han infringido las competencias del Colegio «que se ciñen a cuestiones estrictamente profesionales y no políticas o de otra índole».
El apoyo del Colegio de Abogados al editorial conjunto llega a los tribunales
Tres juzgados tramitan el rechazo de 300 juristas a la adhesión de la institución a este artículo Creen que se ha querido presionar al TC
El recurso recuerda que el editorial conjunto «es la proclamación de una determinada orientación ideológica sobre la cuestión política que plantea el reparto territorial» de España y cómo afecta a la deliberación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aprobación del nuevo Estatut.
Entre los motivos para pedir la nulidad destaca la falta de competencia de un colegio profesional para sumarse a una orientación política, en vez de a temas relacionados con el ejercicio de la abogacía, y que su intención «reprobable» sea la de influir en la futura sentencia del Constitucional ya que se vierten sobre sus miembros «reiteradas insinuaciones de falta de imparcialidad o incompetencia». En este sentido, los letrados recuerdan que los Estatutos del ICAB exigen respeto, prudencia y lealtad en su relación con jueces y tribunales.
En su manifiesto Por la dignidad de la abogacía, los abogados contrarios cargaban duramente contra el Colegio, al que calificaban de ser «otro mensajero de la amenaza a la justicia constitucional». Según explicaron, desde el punto de vista jurídico, el editorial es «infame», y por eso se posicionaron contra el apoyo del Colegio a su contenido, ya que «comete una presión sobre el Constitucional intolerable». Para estos letrados, la adhesión del ICAB es más censurable porque es «garante de los principios jurídicos».
Los firmantes consideraban que la Junta del ICAB no debía «adherirse ciegamente a manifiestos manipuladores lanzados desde algunas instancias en su afán de zafarse del control constitucional», y recordaban que el Decano no fue elegido para hacer manifestaciones políticas que «comprometen» el prestigio de la institución. Además de abogados catalanes, también se sumaron al manifiesto catedráticos en Derecho y letrados de otros colegios españoles.
La entidad defiende la coherencia de su decisión
G.G.
El Colegio de Abogados mantiene la validez de su acuerdo de Junta de finales de noviembre que apoyaba el editorial conjunto de los diarios catalanes. Fuentes del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) explicaron a este diario que una vez se tenga el contenido de los recursos presentados contra la adhesión a la editorial conjunta, se pedirá un informe a la asesoría jurídica de la institución para saber cómo actuar frente a esta demanda.
Pese a que todavía no existe una estrategia judicial contra los contenciosos administrativos, el ICAB defiende la validez del acuerdo de la Junta, que es «una postura coherente» con la que se ha venido manteniendo desde el apoyo al editorial, según apuntaron fuentes de esta institución.
La entidad defiende la coherencia de su decisión
Además, se recuerda que dentro de la propia Junta del Colegio de Abogados no hubo muchas opiniones en contra de la resolución, aunque una de las diputadas, Carmen de Rivera, expresó en un voto particular su rechazo a esta adhesión. Fuentes del Colegio de Abogados barcelonés también recuerdan el carácter plural de la institución e insistieron en que se plantearon el apoyo desde una posición «jurídica, no política», porque consideran que la sentencia está tardando mucho en salir.
En este sentido, desde el Colegio de Abogados de Barcelona se destaca que el Tribunal Constitucional no puede ir «en contra de su propia doctrina» ya que en algunas de sus resoluciones se insta a otros órganos judiciales a que no dilaten los procesos que tienen abiertos y se produzcan las denominadas «dilaciones indebidas». Este retraso puede comportar un atenuante en la pena impuesta a muchos condenados.
Por eso, también recuerdan que de momento los recursos anticonstitucionales en contra del Estatut se presentaron hace unos tres años y medio. El ICAB quiso destacar que todo el tiempo de retraso en tomar una decisión genera «una inseguridad jurídica», y la sentencia del Estatut no se queda al margen de esta situación.
El Colegio de Abogados, que cuenta con unos 20.000 colegiados, también recordó que en ningún momento pretende influir en que la sentencia sobre el Estatut se dicte en un sentido u otro.
