El Colegio de Abogados de Barcelona apoya el Estatut sin oír a sus socios
Los letrados hacen público un manifiesto paralelo titulado 'Por la dignidad de la abogacía'
Madrid. El Colegio de Abogados de Barcelona no es una piña. A pesar de la adhesión institucional que manifestó su decano, Pedro Yúfera, al editorial publicado por los diarios catalanes, La dignidad de Catalunya, lo cierto es que hay fisuras. Así se desprende de la iniciativa que han llevado a cabo varios letrados del colegio molestos con la acción de Yúfera.
Los abogados críticos han preparado un manifiesto paralelo para contestar a la adhesión del Colegio: Por la dignidad de la abogacía. Los firmantes argumentan que es "la primera vez en la historia del ICAB (I·lustre Col·legi D'Avocats de Barcelona) que se presiona a un tribunal para condicionar sus deliberaciones". Según los letrados, con esta "inicua" actuación, el decano y su junta de gobierno ha utilizado el colegio profesional "para realizar manifestaciones de tipo político, careciendo de potestad y autoridad para hacerlo".
El documento crítico, redactado en catalán y español, fue enviado a los abogados de la institución solicitando adhesiones. Según el texto, los firmantes muestran su "más rotundo rechazo a la adhesión realizada por el decano y su junta de gobierno al manifiesto La dignidad de Catalunya". "No podemos aceptar que nuestro colegio se preste a ser otro mensajero de la amenaza a la justicia constitucional y, en definitiva, al garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos". "Ni el decano ni la junta fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al Estatuto y al recurso ante el Constitucional. [...] Lo que esperamos es que el colegio respalde a los órganos constitucionales [...] que, en definitiva, es ponerse del lado de los ciudadanos y sus libertades". Los abogados críticos piden la dimisión del decano, si es que su intención es la de inmiscuirse en asuntos políticos, y les invitan a actuar a través de los correspondientes partidos, y no "utilizar una corporación profesional".
Peces Barba
En la misma línea, ayer el ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba, destacó que quien tiene la "última palabra" sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, entre ellos el catalán, es el Constitucional, informa Europa Press..
El padre de la Constitución recalcó que es "irrelevante" la "insistencia" de decir que el Estatut "ya se ha debatido en el Parlament, en el Parlamento español y en referéndum". "Es el TC", dijo, "el que tendrá que decir que algunas cosas son inconstitucionales", en referencia al catalán. Añadió que no cree que un estatuto tan alto sufra mucho por tener unos recortes que derivan del "error cometido al pretender a través de eso modificar la Constitución". Entre algunos ejemplos, dijo, está el que dice que "en Cataluña, el defensor del pueblo no puede actuar" o que "la unilateralidad" en la relación entre la comunidad autónoma y el Estado que se trataba de una relación, "no de un estado federal, sino de una federación, que es algo mucho más laxo", dijo.
